Corrupción

Corrupción corporativa: se necesitan dos para bailar tango

Por Francisco Durand.*

Domingo, 9 de julio de 2017

El investigador y sociólogo peruano Francisco Durand analiza las modalidades de la corrupción en el mundo corporativo y el público, a partir de experiencias locales y globales, en las que se evidencian los lobbys, puertas giratorias y leyes creadas a la medida de los grupos de poder económico. También pone en debate el caso Lava Jato y cómo se trata de un claro ejemplo de corrupción en el que participan conjuntamente actores políticos y empresariales. Lee aquí el análisis completo.

La corrupción es un juego de espejos. Entrando en este laberinto, llegamos a la conclusión que el fenómeno de los sobornos, favores, la apropiación de bienes ajenos y otro tipo de actividades ilícitas, son cosas de políticos y burócratas. El laberinto funciona: muchos creen que, en efecto, las coimas las piden estos personajes, no viendo quién se las da.

Estas imágenes las desarrollamos porque estamos metidos en un laberinto mediático que se agranda a medida que los medios de comunicación se organizan como corporaciones y se fusionan y globalizan, y se meten en política al convertirse en los grandes inquisidores, en el “cuarto poder”. También porque estamos metidos (pero no sumergidos, felizmente) en un juego de intereses que no controlamos debido a la excesiva influencia de los grandes intereses económicos de las corporaciones, sean nacionales o globales, en los asuntos públicos.

La historia de “los políticos son los corruptos” es vieja. Recuerdo vívidamente que a comienzos del siglo XXI, cuando el soborno se consideró un “obstáculo al crecimiento mundial” por parte de las élites globales, debate causado por escándalos de soborno en países desarrollados, su respuesta fue la creación de Transparency International (TI), la llamada Alianza Global Contra la Corrupción. TI propuso un “mundo libre” de este problema. Me dije “ver para creer” y llegué a la conclusión que era solo una cuestión de creer lo que nos decían. Pronto TI abrió oficinas en muchos países del mundo y hoy llegan a más de 100. Como suele ser frecuente, inmediatamente realizaron encuestas y elaboraron rankings de corrupción que se concentraron en la corrupción política, dejando de lado la económica. El sesgo es evidente y hoy se mantiene, a pesar de las evidencias que emergen del caso Lava Jato, Mossack Fonseca, los dos principales escándalos internacionales que marcan una historia de transgresiones éticas y evasiones fiscales tienen como principal actor a las corporaciones.

Volvamos a la historia de Transparency International y los grandes poderes globales que dicen estar contra los paraísos fiscales, donde se esconde el dinero y se pagan con más facilidad los sobornos, pero que en realidad los toleran y promueven. En esa época el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional promovieron estudios de “captura del Estado” , para demostrar que ciertos países como Rusia o México (que habían adoptado las políticas de libre mercado) se habían “desviado del camino correcto” que representaba el modelo occidental de libertades económicas y políticas. Las encuestas demostraban que había ocurrido una “compra de leyes”. Iguales estudios se hicieron en América Latina y el Perú. Se partía de la premisa que el problema era limitado a la compra de leyes pero se dejaba de lado un hecho importante. En realidad, las corporaciones, no solo las mafias, eran quienes compraban o dictaban leyes (vía la financiación de partidos, principalmente, seguido del lobby), combinando ambas formas de influencia, la legal con la ilegal. La captura por lo tanto no solo era mafiosa y basada en el soborno.

Fue precisamente de esa rebelde región, nuestra América, que se realizó un estudio de corrupción que demostraba que, si uno se fija en los casos más importantes, los que involucran mayor cantidad de dinero y bienes, lo que hay son grandes empresas corruptoras y funcionarios corrompibles. Empezábamos a salir del laberinto de espejos. El libro del influyente periodista neoconservador Andrés Oppenheimer, Ojos Vendados (2001), demostró que en los casos más sonados de corrupción latinoamericana estaba implicadas las multinacionales norteamericanas. De pronto, al menos por un breve momento, volvimos la mirada hacia una de los actores más involucrados y menos sancionados de la corrupción. No faltaron tampoco autores que criticaron los estudios del Banco Mundial y les recordaron lo obvio, que estaban ignorando el rol de las corporaciones en la corrupción global a gran escala y el uso de “mecanismos legales” de corrupción para “dictar leyes” (y de paso, aumentar su poder, elevar sus utilidades, tener mayores protecciones legales, incorporar claúsulas especiales en los tratados de libre comercio: en fin, más libertades para capitales y mercancías).

"Todos los indicios apuntan a que la corrupción negra de las corporaciones y la corrupción blanca, van de la mano. En ambos casos estamos frente a entes todopoderosos que se protegen mutuamente porque ambos defienden la libertad casi absoluta para el lucro a toda costa"

Lo que pasaba es que, mientras los medios reportaban casos escandalosos, sin realizar investigaciones amplias y sistemáticas, fijándose en burócratas y políticos, las corporaciones movían sus resortes políticos y sus muchas influencias (insistimos, fruto del lobby, la financiación de partidos, y la puerta giratoria) para pasar desapercibidos. Estas corporaciones desarrollaban al mismo tiempo una “corrupción legal” al comprar el sistema y al mismo tiempo impedían mecanismos y procesos para castigar la corrupción ilegal basada en el soborno.

En los casos extremos, eran los ejecutivos (no las empresas) quienes eran procesados y castigados, pero no con severidad, como si tratara de un delito de responsabilidad individual. No hay entidad más protegida jurídicamente que las corporaciones. Todo un blindaje. En algunos países gozaban incluso de cárceles especiales con cancha de tenis. Los castigados habían cometido un “crimen de cuello y corbata”, que hoy sigue siendo visto como un delito menor, a pesar que las sumas (y el costo fiscal, social e institucional que generan) son considerablemente mayores a criminales callejeros.

Es parte del juego de espejos. Incluso en el Perú se ha discutido hace poco este tema y, como reflejo claro del laberinto en que estamos, se consideraba sancionable solo o principalmente al empleado público. Bueno, claro, a las empresas brasileñas, dado el cúmulo de evidencias, pero no se investiga ni se encuentra voluntad fiscalizadora con sus socios peruanos, caso de Graña y Montero. Cuando se hablaba de los lobbies y puertas giratorias, de quién da más dinero en las campañas y qué sacan a cambio, el asunto se tapaba, argumentándose que era legal, que en realidad es un derecho, algo que expresa nuestras libertades individuales, que son sagradas, intocables. Y cuando saltó el escándalo fue más como reacción a las ejemplares (y excepcionales) investigaciones del Brasil antes que por iniciativa propia.

Mientras las primeras iniciativas para hacer del mundo un lugar “libre de corrupción” y de “capturas mafiosas” se desataban, se desarrolló una ofensiva para mejorar la imagen de las grandes corporaciones, ayudadas por profesores e investigadores de los MBA del mundo global, que discutieron cómo debían enfrentar estos problemas de imagen y lograr “un mejor manejo del entorno”. Contrataron entonces profesionales en todos los campos, desde la ética para escribir códigos, hasta la antropología, para tratar con grupos indígenas. Las corporaciones se convirtieron en entidades no solo morales sino “social y ambientalmente responsables.” Dijeron incluso ser creyentes en el desarrollo sostenible. Lo cierto es que, con excepciones, esto es más discurso que otra cosa.

Algunos, sin embargo, les creyeron, en parte porque se multiplicaron las crónicas sobre sus actos responsables, se hicieron concursos, se dieron premios, se firmaron Pactos Globales y abundó la publicidad. Pero de estudios independientes de impacto, poco o nada. Se han publicado más fotos y videos que otra cosa. Al mismo tiempo, los gurús empresariales y su voceros políticos insistieron en que no debíamos alterar el principio fundamental que debe regir la globalización, base de la supuesta gran prosperidad en curso: hay que desregular y no preocuparse porque las corporaciones se autoregulan.

Para sostener su poder y sus crecientes protecciones legales, para convencer al planeta que todos los países desregularan (lo que llaman “armonización de políticas”), se dispararon los gastos de lobby y aumentaron las contribuciones a las campañas electorales, al mismo tiempo que las corporaciones comenzaran a “manejar sus discurso” de modo que nadie alterara su incesante acumulación ni perturbara sus privilegios. Se multiplicaron los paraísos fiscales (en realidad, deberíamos llamarlos guaridas fiscales), y se sofisticaron los métodos para transferir fortunas y ganancias hacia ellas. Había que ocultar la riqueza. Estos paraísos gozaban de todo lo que hace feliz a las corporaciones: no hay regulación, nadie los fiscaliza y casi ni pagan impuestos. No podían pedir más. Firmas como Mossack Fonseca de Panamá se enriquecieron asesorando a ejecutivos, ricos y narcos como ocultar su dinero.

Mientras tanto, las imágenes de los medios presentaban a las corporaciones como un modelo de eficiencia y moral que generaba felicidad, identificándose este estado de econonarcosis con sus logos, que se hicieron omnipresentes y que se podían ver en cualquier parte del mundo. Ya no vendían productos, vendían felicidad material. El mundo cayó entonces en el consumismo, lo que llevó a deudas privadas crecientes en tanto para seguir comprando había que hacerlo con ingresos futuros. ¿Cómo? Muy simple, con la tarjeta de crédito.

En paralelo, fueron apareciendo las crisis, cada una mayor que la otra, y hasta ahora ninguna conducente (a diferencia de 1930) a grandes cambios. Primero fue la de ENRON en los EUA, una empresa de energía experta en cocina de cifras y falsos reportes financieros, que apareció en el 2001 y que causó esta ofensiva arriba descrita para relegitimizar a las corporaciones. No solo ENRON estaba comprometida sino toda una serie de grandes corporaciones como Tyco y otras que fabricaban cifras para sostener la valorización de sus acciones en bolsa. Europa y otros países, que siguieron esas tendencias y adoptaron los mismos principios neoliberales, tuvieron episodios parecidos. El caso Parmalac sacudió Italia, el de Siemens Alemania.

Surgieron de pronto reclamos éticos y llamados a una mayor fiscalización, objetivo que se logró a medias, mientras el MBA de Harvard University y otras similares llenaba sus aulas con cursos de moral y programas de responsabilidad social. Pero ni los cursos y programas sociales, ni los tímidos intentos regulatorios, atacaron el problema de fondo: el poder cada vez más concentrado de las corporaciones y su influencia sobre el Estado. Se estaba consolidando lo que Jeffrey Sachs (un arrepentido del Consenso de Washington quien fuera asesor del MEF en 1998) llama la “corporatocracia”, base de una élite global que en la práctica se ha constituído en un gobierno paralelo global dirigido desde Davos o el Club Bildeberg. Ganaron tanto que el economista Thomas Pickety estimó que si la economía crecía a 5% anual la élite global (corporaciones y familias ricas) incrementaban su patrimonio a un ritmo de 10% anual. Viendo bien las cosas, no es difícil concluir que estamos frente al principal problema del mundo contemporáneo.

Hasta que llegó la gran crisis del 2008-2009 , que sacudió a las dos cunas del capitalismo corporativo mundial (EUA y Europa) y demostró lo obvio, que los perdedores eran los pobres endeudados e hipotecados que perdieron propiedades y empleos (lo que acentuó una desigualdad que ya estaba en curso), y que los ganadores resultaron siendo quienes la provocaron: especuladores y banqueros, que fueron beneficiados por un multibillonario rescate financiero. Como no se alteró la correlación política de fuerzas gracias a los lobbies y otros mecanismos, los gobierno no procesaron a los criminales financieros, introduciendo tarde y a medias medidas regulatoria (ley Dodd-Frank), pero se mantuvo la misma filosofía de la autoregulación y las facilidades a la hiperconcentración de la riqueza global en manos de un grupo cada vez más reducido de grandes corporaciones (y sus accionistas, compuestos mayormente por ejecutivos y miembros de las familias más poderosas del mundo). De modo que las corporaciones y los súper ricos siguieron creciendo y se habituaron a actuar como una raza aparte, siendo sus empresas cotos cerrados, entidades autónomas que nadie puede fiscalizar realmente y con la cual nadie debe meterse porque “se traba el crecimiento, base de la riqueza” y porque si se insiste, “se van del país”. La crisis de ENRON del 2001 y la crisis global del 2008 fueron montañas que parieron ratones.

"Mientras los medios reportaban casos escandalosos, sin realizar investigaciones amplias y sistemáticas, fijándose en burócratas y políticos, las corporaciones movían sus resortes políticos y sus muchas influencias (fruto del lobby, la financiación de partidos, y la puerta giratoria) para pasar desapercibidos"

La tercera crisis, que corresponde más a los tiempos modernos, brevemente mencionada líneas arriba, fue como una cadena de explosiones en varios países, siendo en algunos manejadas bien políticamente, empezando con el caso de los Panama Papers del 2016 y terminando con Lava Jato de Brasil. Un hacker anónimo divulgó la correspondencia de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, especializada en crear más de 200 mil empresas fantasmas, cuentas cifradas y traslado de dineros entre paraísos fiscales. Se comprobó, una vez más, que miles de millones de dólares circulan cada vez con más velocidad entre los paraísos fiscales, generando pérdidas masivas a los Estados en todos los países. Todo ello ocurrió en medio de un aumento de la desigualdad que llega incluso a países como EUA y el Reino Unido, las cunas del capitalismo privado corporativo. En ese negocio (legal, como dicen los abogados) no destacan como mal pudiera creerse las mafias organizadas, los políticos corruptos, y las celebridades como Messi, que no les gusta cumplir con sus obligaciones tributarias. El dato central, de acuerdo a reportes como el Global Illicit Financial Flows Report, es que más del 80 por ciento del dinero no fiscalizado corresponde a las corporaciones. A fin de cuentas, no debemos olvidar que el 70 por ciento o más del comercio mundial lo realizan las corporaciones entre ellas pues cuentan con una multitud de empresas dispersas por el plan, destacando aquellas que operan en los cada vez más numerosos y sofisticados paraísos o guaridas fiscales.

A las revelaciones siguieron los consabidos perdones, lo que incluye varios presidentes en varios continentes. No faltaron los discursos redentores y las promesas de que, ahora sí, se van a tomar las medidas para frenar tanto la corrupción blanca o legal, los crímenes de cuellos y corbata como la lucha que sigue planteando TI, que queremos un mundo “libre de corrupción”. La OCDE, por ejemplo, plantea por primera vez un plan para informarse y posiblemente fiscalizar la Erosión de la Base tributaria y la Transferencia de Utilidades a paraísos fiscales (Plan BEPS). ¿Funcionará?

En el Perú, por ejemplo, se intervino y se embargó la oficina de Mossack Fonseca en mayo del 2016. Grandes titulares. Pero hasta ahora no hay un reporte de la investigación que debió seguir al allanamiento. El nuevo ministro de Economía, Alfredo Thorne, afirmó que había que derogar la Norma XVI Anti Elusión, al mismo tiempo su gobierno sostiene que el Perú hará los esfuerzos por ser parte de la OCDE, lo que incluye el Plan BEPS. ¿Contradicciones, o creencia en que se puede ser miembro escapando ciertas reglas? En paralelo, se presentó en televisión argumentando que empresas como Graña y Montero podía en efecto seguir haciendo obras vía las Asociaciones Público Privadas, nuevo mecanismo, poco supervisado, por medio del cual se realizan obras públicas donde la inversión se recupera con cobros o peajes.

Pero al menos algo pasa, en ciertos lares ocurren avances, a pedido del público, por supuesto, pero también por acción de algunos funcionarios decentes e independientes. Tómese el caso del Brasil y la investigación Lava Jato, que alcanza no solo al expresidente “Lula” da Silva sino, lo que es más importante, a su pareja de baile, Marcelo Odebrecht, CEO de una de las constructoras más importantes, y que realiza proyectos de obras públicas en muchos países del mundo, incluyendo Perú (durante todas las presidencias desde 1990 en adelante). Marcelo Odebrecht y sus ejecutivos y secretarias están finalmente hablando. Ahora hay pruebas y comienzan las investigaciones sobre sobornos que tocan solo a Brasil. Sintomáticamente, se revela que fue una compañía offshore en Panamá la encargada de algunos pagos. Se sabe que Odebrecht le canalizó una coima al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, hoy exilado en Nicaragua. Dice que es “un perseguido político”. El argumento de siempre. En el Perú los ex presidentes Fujimori, Toledo, García y Humala dicen lo mismo. En Corea del Sur, para mencionar otro caso global importante, el congreso acaba de llamar a declarar a los CEO de sus principales corporaciones, destacando Samsung, para que contestar el pliego interrogatorio que exigía la población. Lo niegan todo pero prometen portarse bien. Cierto, hay algunos casos de corrupción, pero son excepcionales, no sistémicos. Mientras tanto, no ocurre lo mismo en Perú, donde la fiscalización se centra en la clase política.

Todos los indicios apuntan a que la corrupción negra de las corporaciones (coimas comprobadas) y la corrupción blanca (influencia desmedida sobre gobiernos cuyas campañas fueron financiadas por ellas, que ceden a los lobbies, que no regulan el conflicto de intereses a que da lugar la puerta giratoria), van de la mano. En ambos casos estamos frente a entes todopoderosos que se protegen mutuamente porque ambos (los legales y los encontrados culpables) defienden la libertad casi absoluta para el lucro a toda costa. Ambos detienen los esfuerzos por elevar las condenas a los crímenes de cuello y corbata, por frenar los intentos por aprobar normas anti elusión que permitirían la tan ansiada, y hasta ahora no realizada, “fiscalización internacional” de las corporaciones y frenan los intentos por cerrar los agujeros de los paraísos fiscales. Hasta ahora hay acusaciones y titulares, pero ninguna iniciativa por cerrarlos o limitarlos.

Por el enorme poder económico que representan, las corporaciones pueden pasar piola. Parte del problema son los medios, mejor dicho, la influencia influencia de las corporaciones sobre la prensa concentrada, cada vez menos inclinada a fiscalizar a sus hermanas, las corporaciones gigantes, que además suelen tener acciones y directores cruzados. Para ejemplo, véase la manera como el grupo El Comercio (Miró Quesada) trató el caso de Graña y Montero (hasta hace poco dirigida por José Graña Miró Quesada). He ahí otra arista del problema.

Aquí es donde encontramos a quién lleva el ritmo, quien conduce la pareja. Mientras las corporaciones tengan tanto poder económico, tendrán más poder político, a no ser que se les frene porque no lo tienen siempre todas consigo. Cierto, las crisis se manejan. La cuestión para ellas es que pase la tormenta. Si hay problemas de reputación, se contrata a una firma especializada en imagen, se cambian los directores. Graña y Montero, por ejemplo, está teniendo éxito en reinventarse, para seguir ganando contratos obviamente (y evitar ser fiscalizada).

Para terminar, reflexionemos sobre lo siguiente. Si queremos avanzar en este frente, no se necesitan solo medidas o propuestas de fiscalización de la sociedad civil, muy necesarias por cierto y algunos castigos. Lo que se necesita realmente es lograr desconcentrar el poder económico y evitar que sigan capturando al Estado cambiando la correlación de fuerzas.

Este es el mayor reto global de nuestro tiempo.

* Francisco Durand es profesor principal de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinador de la Sección Política y Gobierno; además, ha sido profesor principal de Ciencia Política en la Universidad de Texas. Es autor de libros y artículos en el Perú y el exterior sobre la proyección de los empresarios a la política. Su último libro se titula Los Romero: fe, fama y fortuna. Actualmente, está preparando con John Crabtree, investigador asociado y profesor de la Universidad de Oxford, el libro Peru: Extractive Elites and State Capture (Londres: Zed Books). Es considerado un experto en grupos de poder económico y captura del Estado.