El remate del patrimonio público

Entre 1990 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori impulsó una política para anular la actividad empresarial del Estado. Por eso, uno de los casos más emblemáticos analizados por el Congreso en 2001 fue la privatización de las empresas públicas y su transferencia a manos privadas.

A partir de 1993, se efectuaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas. Fueron privatizadas empresas mineras (90%); de manufactura (85.5%), hidrocarburos (68%), electricidad (68%) y agricultura (35%). El monto total de las transacciones alcanzó los 9 mil 221 millones de dólares; las investigaciones parlamentarias determinaron que solo 6 mil 445 millones de dólares ingresaron al tesoro público. Es decir, unos 2 mil 776 millones de dólares se quedaron en el camino, esto equivalía a unos 6 mil 495 millones 840 mil nuevos soles.

Además de los más de 6 mil millones de nuevos soles “perdidos” de la privatización, se debe sumar que, del monto que sí ingresó al tesoro público, unos 11 mil 419 millones 200 mil nuevos soles fueron destinados a las compras secretas e irregulares de armamento a grupos de traficantes que, como demostraron las investigaciones posteriores al régimen, devolvían parte del dinero a manera de “comisión” para Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del Estado.

Las investigaciones parlamentarias, además, constataron que en los procesos de privatización se subvaloraron los activos de las empresas privatizadas, se otorgaron beneficios tributarios irregulares, se utilizó información privilegiada en beneficio de los privados y otras prácticas que ahondan el perjuicio generado al estado peruano con este proceso.

Fuente:
Informe Final – Balance de la Privatización
Informe Final de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990 – 2000
Resumen del balance del proceso de privatización – CIDEF