Bajo el pretexto de beneficiar a la población, el gobierno de Alberto Fujimori promulgó diferentes dispositivos legales que ampararon adquisiciones de productos no idóneos a las necesidades de la población peruana y en cantidades innecesarias. En forma simultánea, esto generó un clientelaje político que fue utilizado para establecer una serie de negociados en favor de los representantes de las corporaciones chinas ante el gobierno peruano.