Desvío de casi mil millones de dólares de los fondos de la privatización (lo cual implicaba malversación) hacia el sector Defensa para la adquisición de equipo bélico, que resultó deficiente y en ocasiones inservible. Esta disposición de fondos se materializó a través de 22 decretos de urgencia considerados secretos porque no fueron publicados en el diario oficial El Peruano.