“En el caso de la transferencia de acciones de Agroindustrial Pucalá una vez más se aprecia el uso abusivo e indiscriminado de los decretos de urgencia. En efecto, luego de que la Comisión de Venta de acciones declarara desierta la subasta, el Estado intervino a través de el DU 037-99 y modificó la conformación de la Comisión de Venta, integrando a los representantes de las acciones del Estado y defenestrando a los miembros originarios. Asimismo, por medio del DU 049-99 se otorgó a los miembros de la Comisión de venta derecho a veto respecto a cualquier acto tendiente a frustrar la transferencia y se modificó para el caso específico de Pucalá, una disposición muy puntual del Reglamento de las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, referido a la necesidad de que la empresa emisora-en el caso en cuestión Pucalá- confirmara la validez de los certificados físicos de acciones que se encontraban en Cavali, antes de proceder a desmaterializarlos (cambio de título físico a anotación en cuenta). El DU 049-99, estableció que si en el plazo de dos días Pucalá no confirmaba la validez de los títulos, bajo su responsabilidad, Cavali procedería a la desmaterialización. Cabe resaltar que la desmaterialización sumada a las órdenes de venta con plazo de ejecución abierta, que Wiese Sab hizo firmar a los trabajadores, permitió que las acciones de Agro Industrial Pucalá ingresaran a Rueda de Bolsa los días 2 y 3 de setiembre de 1999, favoreciéndose así la adquisición de estas por parte del Consorcio Cromwell Assets”.