Fue elegido presidente de la República en dos ocasiones (1985 – 1990 / 2006 – 2011). Antes fue diputado y fue el máximo dirigente del Partido Aprista durante varios años. En 1992, salió del país debido al golpe de Estado de Alberto Fujimori. Regresó al Perú en 2001, cuando ya habían prescrito los delitos sobre las denuncias de corrupción en su primer gobierno. Varios ex funcionarios de su segunda gestión presidencial están presos por haber recibido presuntos sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht por el Metro de Lima y la Interoceánica Sur.

Imputaciones: 6

Casos: 3

Caso: Interferencia política en el caso Business Track (BTR)

Imputación: Asociación ilícita

Motivo: Habría formado parte de una organización delictiva para obstaculizar la labor de la justicia y evitar el esclarecimiento de actividades referidas a la interceptación telefónica de la empresa Business Track. Además, evitar el conocimiento público de las grabaciones telefónicas que mostrarían la interferencia de miembros del gobierno y el partido aprista en los contratos de las entidades estatales.

Caso: Agua para Todos

Imputación: Asociación ilícita

Motivo: No especifica

Caso: Narcoindultos (indultos y conmutaciones de pena)

Imputación: Encubrimiento personal

Motivo: Mediante la figura de indultos humanitarios, se benefició a involucrados en delitos de corrupción, como a Juan Fernando Dianderas Ottone y José Enrique Crousillat López Torres. Incluso, Alan García revocó el indulto otorgado a Crousillat ante la existencia de irregularidades y vicios en el procedimiento.

Imputación: Encubrimiento

Motivo: La concesión de conmutaciones de pena a condenados por tráfico de drogas traspasó los límites formales y materiales derivados de la Constitución. El Poder Ejecutivo utilizó la prerrogativa del Derecho de Gracia para sustraer del cumplimiento de la pena a quienes cometieron ese delito.

Imputación: Cohecho

Motivo: La concesión de conmutaciones de pena a condenados por tráfico de drogas traspasó los límites formales y materiales derivados de la Constitución. El Poder Ejecutivo utilizó la prerrogativa del Derecho de Gracia para sustraer del cumplimiento de la pena a quienes cometieron ese delito.

Imputación: Encubrimiento personal

Motivo: Otorgó ‘derecho de gracia’ por razones humanitarias al médico aprista Julio Espinoza Jiménez, ex director del Seguro Integral de Salud (SIS), cuando estaba procesado por colusión en relación a sobrevaluación de alimentos para los damnificados por el terremoto de 2007.