EL RASTRO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS EN PERÚ
Ilustración: Rafael Pineda "Rapé"
El megacaso Lava Jato, que remece a varias naciones de Latinoamérica, es el último capítulo de la corrupción en el país, cuyo desenlace aún es desconocido. Adjudicaciones otorgadas a cambio de dinero, uso de testaferros, transferencias vía empresas ‘fantasmas’ u offshore son algunos de los elementos de esquemas de corrupción que han utilizado constructoras brasileñas, las cuales se han repetido en las recientes décadas en otros casos.
Poco después de que Odebrecht —una de las firmas brasileñas bajo indagación— reconociera en diciembre pasado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios peruanos por 29 millones de dólares, entre 2005 y 2014, el exmandatario Alejandro Toledo tiene la condición de prófugo y su proceso de extradición está en curso, y los expresidentes Ollanta Humala y Alan García están incluidos en procesos de investigación.
Sin embargo, esa cifra resulta mínima frente a las sumas de los proyectos que logró adjudicarse en esos años. Según la Contraloría, entre 1998 y 2015, Odebrecht participó en 23 proyectos por un monto de 16 mil 940 millones de dólares, que implicó un perjuicio de 283 millones de dólares al Estado Peruano.
El caso Lava Jato evidencia algunos de los mecanismos en que los más altos funcionarios peruanos ponen a disposición de las grandes corporaciones las decisiones y fondos públicos. Un modus operandi que no es nuevo en nuestra historia.
Varias de esas prácticas corruptas han quedado consignadas en los informes de comisiones investigadoras del Congreso creadas en los últimos 40 años, documentos que fueron revisados por el medio digital de periodismo de investigación Convoca y la asociación civil Japiqay.
El análisis comprendió casos investigados por grupos parlamentarios durante el gobierno de siete presidentes de la República, desde la administración militar de Francisco Morales Bermúdez hasta la gestión presidencial de Ollanta Humala, incluyendo las de Alan García y Alberto Fujimori, estos últimos considerados los de mayor corrupción.
Lo primero que se observa es que, a pesar de ocurrir en décadas y periodos gubernamentales distintos, las modalidades de favorecimiento se repiten una y otra vez generando inmensos perjuicios al Estado. Solo en ocho casos reseñados —que no son el total de los ocurridos en estas cuatro décadas— se encuentran involucrados más de 20 mil 220 millones de soles en pérdidas, lo que equivale a dos veces el presupuesto de 2017 en orden público y seguridad.
A continuación se presenta algunos de los casos más emblemáticos que fueron investigados por el Congreso en los últimos 40 años. Es una muestra de cómo la gran corrupción afecta nuestro país. No obstante, su impacto es difícil de calcular porque no se trata de un perjuicio económico, sino que representa el deterioro de las instituciones democráticas, afecta la propia democracia y la moral en la sociedad.
Sin embargo, para poder dar una idea aproximada del efecto que tienen en nuestras vidas, este equipo intentó calcular el perjuicio económico que algunos de estos casos originó a partir de las cifras registradas en los informes parlamentarios. En cada caso, las cifras consignadas en dólares fueron convertidas a la moneda vigente según el tipo de cambio de la fecha en que ocurrieron los hechos. Cuando se trata de intis o soles de oro (monedas ya no vigentes) estas han sido traducidas a cifras actuales siguiendo las fórmulas de conversión establecidas por el BCR (Ver metodología).
Aunque las cifras nos aproximan a medir el impacto económico de estos hechos, la corrupción ante todo es un mal sistémico, cuyos principales aliados son la falta de memoria y la impunidad. Creemos que es necesario recordar y conocer el impacto real de la corrupción en nuestras vidas.