Javier Ramón Chumán Rojas, actual directivo de Odebrecht Ambiental en México e investigado desde 2016 con el expresidente de Brasil Ignacio Lula Da Silva y Marcelo Odebrecht por lavar dinero en Angola, estuvo envuelto en un proceso penal por una obra en la región Ayacucho en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Conoce cómo Chumán y cuatro altos directivos de Odebrecht evadieron la justicia peruana en este reportaje de Convoca.pe que forma parte de la serie investigativa ‘Memorias de la Corrupción’ publicada en alianza con La República.
El peruano Javier Chumán directivo de Odebrecht Ambiental en México acompañado de alcalde de Veracruz, Ramon Poo en 2015. Crédito: Aristegui Noticias
Javier Chumán Rojas ingeniero civil nacido hace 45 años de edad en la ciudad de Trujillo y gerente desde hace 20 en varios proyectos de Odebrecht ha mantenido un perfil bajo hasta que la Operación Lava Jato, el más importante caso anticorrupción, lo ha revelado como un hombre clave en Angola, México y Perú países donde la constructora está acusada de haber controlado la adjudicación de obras públicas mediante sobornos millonarios y tráfico de influencias tal como sus ejecutivos han confesado el año pasado a las autoridades de Estados Unidos y de Brasil.
En Perú en enero de 1998, era gerente de la empresa brasileña cuando esta se adjudicó la construcción del canal Apacheta-Choccoro en Ayacucho con recursos públicos suministrados por Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), un organismo controlado directamente por el Ministro de la Presidencia, oficina reactivada por el presidente Alberto Fujimori en 1992.
Las irregularidades detectadas en la construcción del canal, en medio de sospechas de corrupción y sobornos, generó que Javier Chumán y otros ejecutivos de Odebrecht fueran denunciados y procesados junto con funcionarios peruanos.
Sin embargo, este caso fue silenciado con los años y sobre el rol de Chumán en la corporación brasileña no se supo hasta octubre de 2016, cuando fiscales brasileños de la operación Lava Jato acusaron formalmente al expresidente Luis Inacio Lula Da Silva de beneficiar a Odebrecht en la obtención de contratos en Angola.
Expresidente Lula y su sobrino involucrados en un esquema de lavado junto con peruano Chumán. Crédito: revista Veja
Acusación fiscal contra Lula incluye a directivo peruano
Según la denuncia de la Fiscalía de Brasilia, Lula —que presidió Brasil entre 2003 y 2010— actuó “en la concesión de préstamos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) y en la obtención de los negocios en Angola, los cuales “permitieron a la empresa (Odebrecht) exportar sus servicios de ingeniería a aquel país”. Esto le permitió al expresidente Lula obtener “ventajas pecuniarias” a cambio de la colaboración.
En contrapartida, Odebrecht distribuyó a los involucrados, de forma soterrada, montos de dinero que superan los 20 millones de reales a través de Exergia Brasil, sociedad creada por el sobrino de Lula, Taiguara Rodrigues.
“El rol de Chumán en la corporación brasileña no se supo sino hasta octubre del 2016 cuando un fiscal brasileño del caso Lava Jato acusó formalmente al expresidente Luis Inacio Lula Da Silva de beneficiar a Odebrecht en la obtención de contratos en Angola”
El periodo durante el cual Exergia Brasil, del sobrino de Lula, obtuvo contratos de la constructora en Angola, entre 2011 y 2015. Javier Chumán era director de contratos de Odebrecht en la construcción de más de 400 kilómetros de carretera que uniría las provincias de Huambo, Malaje y el norte de Luanda.
La Policía Federal de Brasil incluyó al peruano en la indagación por blanqueo de dinero luego que se analizara 17 contratos firmados por éste como representante de Odebrecht.
Redes en México
En 2015, mientras la Policía Federal de Brasil acumulaba evidencias contra el peruano y otros directivos por el esquema de lavado en Angola, Chumán estaba en México a cargo de los negocios de la firma brasileña con el Estado de Veracruz como reveló Mexicanos contra la Corrrupción y la Impunidad (Ver reportaje).
En Veracruz, Odebrecht tenía 13 empresas y cuatro permisos para explotar recursos naturales gracias a su gobernador Javier Duarte, un abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promocionado por el presidente de México Enrique Peña Nieto como la "renovación" de su partido, y que se encuentra arrestado desde el 16 de abril pasado en Guatemala por haber aprovechado su cargo para desviar millones de dólares.
Antes que las actividades ilícitas fueran descubiertas por las autoridades mexicanas, mientras fue gobernador Javier Duarte ofreció un trato amable a las empresas del grupo económico brasileño. El 9 de junio de 2015, la filial de la constructora brasileña Obredecht Ambiental cuyo directivo principal era Javier Chumán, ganó la concesión del manejo del agua potable en sectores periféricos de Veracruz por un plazo de 30 años.
Javier Chumán se presenta en México como representante legal de consorcio liderado por Odebrecht
Dos semanas después, el 9 de julio de 2015, Javier Duarte decidió que su gobierno se asociara con Odebrecht y los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín para constituir la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, conocida como MAS. El peruano Chumán Rojas figura como presidente de la inusual asociación de una trasnacional y un organismo del gobierno de Veracruz.
Documento registra a directivo peruano como presidente de sociedad mexicana creada entre Odebrecht y organismo del estado de Veracruz. Crédito: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Rastro en el Perú
Veinte años antes de verse involucrado en Lava Jato, Chumán también estuvo procesado por corrupción en una obra ejecutada en el sur del Perú que lograría ser absuelto por cuestionables decisiones del Ministerio Público en esos días.
En enero de 1998, época en que Odebrecht se había convertido en el principal beneficiario de las obras del gobierno de Alberto Fujimori, la compañía brasileña se adjudicó mediante una licitación pública, la ejecución de la construcción del canal Apacheta Choccoro, que tenía como objetivo dotar de agua potable a 104 comunidades de 13 distritos de la región Ayacucho.
Canal Apacheta-Choccoro paralizado desde hace años, fue el proyecto más ambicioso de autoridades de Ayacucho durante el gobierno de Fujimori
La obra licitada por el Proyecto Especial Río Cachi (PERC) organismo creado por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), y cuyo presupuesto estaba controlado por el Ministerio de la Presidencia, constaba de un canal de 26 kilómetros el mismo que sería de concreto con un espesor de 7.5 cm. Chumán Rojas era el responsable de Ingeniería mientras la construcción del canal duró, entre enero de 1998 y junio de 1999.
Casi dos años después de construida la obra, en 2001, el canal comenzó a presentar fisuras de revestimiento en su interior, según denuncias de dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Ayacucho.
Regis Huamán García Procurador Público Descentralizado Anticorrupción de Huamanga recogió la denuncia y la presentó ante el fiscal Alfonso Carrillo Flores quien con pericias en manos practicadas por ingenieros, formalizó la denuncia penal por varios delitos de corrupción.
El 19 de mayo de 2003 Fernando Solari, juez del tercer juzgado penal de Huamanga, abrió instrucción penal contra los tres funcionarios del Proyecto Especial Río Cachi por colusión Ilegal y peculado, y a cinco ejecutivos del Contratista Norberto Odebrecht por los delitos de estafa, asociación ilícita y peculado, según la resolución judicial a la cual Convoca.pe tuvo acceso.
“Del acta de compromiso firmado sobre las deficiencias de la obra del Canal de derivación Apacheta-Choccoro se pretende ver solo desde la perspectiva civil estas deficiencias lo que constituiría un acto de encubrimiento personal por parte de los funcionarios del INADE y del Proyecto Especial Río Cachi que suscriben dicho acuerdo a favor de las empresas contratistas”, argumentó el juez Solari para justificar su decisión.
Javier Chumán fue procesado en 2003 en Ayacucho
Chumán, fue incluido en la lista de los procesados por su directa participación en la ejecución de la obra. Junto con él fueron comprendidos cuatro directivos brasileños que años después ocuparían cargos importantes dentro de la gigante brasileña. Ernesto Sa Vieira Baiardi, jefe de proyectos para Africa, Emiratos Arabes y Portugual se acogió el año pasado a la delación premiada (beneficio para reducir la pena a cambio de confesar los delitos) con las autoridades de Brasil. Ernesto Baiardi fue el jefe directo del peruano Chumán durante la ejecución de la obra.
Raymundo Trinidade Serra fue el gerente general de Odebrecht Perú en los últimos seis años con participación en las concesiones del proyecto Olmos y de las hidroeléctricas otorgadas a la firma en los ríos Ene y Marañón, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Raymundo Trinidades Serra, implicado con Chumán en el proyecto especial Cachi, ahora vinculado a Lava Jato en Brasil y caso Costa Verde en Perú. Crédito: Odebrecht Peru
El “Funcionario 5” al que se hizo referencia hace unas semanas el fiscal anticorrupción Hamilton Castro durante la audiencia de prisión preventiva del ahora detenido exgobernador del Callao, Félix Moreno, por el presunto soborno en la concesión de la Costa Verde, sería Raymundo Trindade Serra.
Chumán y el ejecutivo Trinidade Serra entregaron su versión sobre las acusaciones por la obra de Ayacucho al juzgado que los procesaba en junio de 2003, manifestación que figura en el expediente N° 185-2003.
El caso judicial se prolongó durante tres años. El procurador Regis Huamán que vio el proceso penal exigió que la empresa no rectificara las irregularidades para impedir que se borrara las pruebas del delito. En junio de 2003 fue apartado del caso por la procuradora del gobierno de Alejandro Toledo, María del Pilar Freitas, según contó Regis Huamán a Convoca.pe.
Exprocurador del caso Proyecto Cachi Regis Huamán: “La doctora (Pilar Freitas) me preguntó por qué denuncié a Odebrecht”
“La doctora me preguntó por qué denuncié a Odebrecht sin mi conocimiento. Le respondí que sí le informé del caso por escrito. Yo no necesitaba de su consentimiento, yo no podía darle cuenta a nadie, porque mi función de procurador era defender los intereses del Estado”, declaró el abogado ayacuchano.
Investigan en Lima
Paralelamente a la investigación que tomaba cuerpo en el Poder Judicial de Ayacucho, las denuncias por la obra iban teniendo eco en Lima. Un equipo de la Contraloría General visitó la obra en febrero y marzo de 2003 para realizar un examen especial de la obra. En abril de ese mismo año, la Contraloría General publicó el Informe Especial N° 210-2003-CG/OEA, en el que detectó que el canal de derivación Apacheta-Choccoro se había elevado de 49 millones a 60 millones de soles, además de problemas en el aspecto técnico.
Meses antes, a fines de 2002, la comisión congresal que investigó los delitos económicos cometidos durante el gobierno de Fujimori, presidida por el parlamentario Javier Diez Canseco, señaló en su informe final sobre las licitaciones y adquisiciones con recursos públicos, que hubo “indicios razonables de responsabilidad administrativa y legal de altos funcionarios que intervinieron en la ejecución de la obra (Proyecto Especial Río Cachi, Apacheta-Choccoro), en desmedro de su eficiencia”.
Informe final de Comisión Diez Canseco concluyó que hubo manejo irresponsable dentro del Proyecto Especial Río Cachi, que otorgó la buena pro a Odebrecht
Una investigación en el parlamento se hacía necesaria pero no parecía haber voluntad política. La congresista Celina Palomino Sulca de la agrupación política Perú Posible había solicitado el 19 de agosto de 2002 una comisión para indagar las serias irregularidades en el Proyecto Especial de Río Cachi sobre todo en los tres arbitrajes ganados por Odebrecht para ampliar el periodo de la obra y el desembolso por los gastos de la firma brasileña. El pedido de la congresista no tuvo apoyo en el Parlamento.
Después de más de un año, en octubre de 2003, se creó un grupo de trabajo presidido por el congresista aprista Carlos Armas dentro de la Comisión de Vivienda y Construcción para investigar la obra. Los directivos brasileños como Chumán Rojas y Trinidade Serra no acudieron a la comisión a declarar.
El informe final del grupo de trabajo presentado al pleno a fines de 2003, evitó pronunciarse sobre posibles actos de corrupción y concluyó que el canal Apacheta “sí presentaba fisuras y grietas” aunque no “en un nivel del 40 por ciento” como lo habían establecidos pericias previas.
Para 2003 mientras el Congreso y el Poder Judicial investigaban, Chumán trabajaba temporalmente en Perú como gerente de ingeniería para Mendes Junior Group, otra compañía brasileña acusada de formar parte del club de empresas asociadas al esquema de corrupción y cuyo exvicepresidente, Sérgio Cunha Mendes, está ahora condenado a 19 años de prisión.
Caso archivado
El 23 de marzo de 2006, tres años después de iniciadas las indagaciones y pese al conjunto de evidencias halladas por las autoridades, el fiscal superior de Ayacucho Henry Laud Ordoñez opinó el 23 de marzo de 2006 que el caso debía archivarse”.
Chumán y los otros cuatro ejecutivos lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias, que hoy defiende al exrepresentante de Odebrecht en el proceso Lava Jato abierto en Perú.
Chumán y los otros cuatro ejecutivos lograron que no fueran procesados penalmente y que la empresa solo sea incluida en el fuero civil, gracias al abogado de la compañía, Luis Alberto Brammont Arias, que hoy defiende al exrepresentante de Odebrecht en el proceso Lava Jato abierto en Perú.
Chumán registra su última salida del país el pasado 6 de enero, dos semanas después que el Departamento de Justicia de los EE.UU revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.
Los tres magistrados de la Sala Penal de Ayacucho – Marcial Jara Huayta, César Arce Villar y Tatiana Pérez García Blásquez– al no estar de acuerdo con la opinión fiscal Lajud, solicitaron el 17 de abril de ese mismo año que el dictamen sea visto en Lima por la fiscalía suprema en lo penal.
De acuerdo con la resolución del 3 de mayo de 2006, el fiscal supremo José Peláez Bardales luego de revisar más de cuatro mil folios en solo 15 días, aprobó el dictamen del fiscal superior Laud y solicitó a la Sala que se dicte el archivamiento del proceso contra los funcionarios y exfuncionarios públicos. Un día después dejó el despacho de la fiscalía suprema en lo penal para asumir la fiscalía de control interno.
Fiscal supremo José Pelaez Bardales respaldó opinión fiscal que solicitaba archivamiento de caso y un día después dejó su despacho. Crédito: Diario La Region
La Sala Penal de Ayacucho archivó el caso en una resolución de fecha 22 de mayo de 2006 que figura en el expediente 2003-185, dejando claro que la decisión de no seguir adelante el caso era responsabilidad de la Fiscalía.
“Es exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, por lo que a falta de la acusación el proceso debe llegar a su fin”.
Exfiscal Alfonso Carrillo:
“Ese dictamen (del caso Cachi) de apoyo al fiscal superior lo firma José Peláez Bardales. Todos sabemos su vinculación con el gobierno aprista”
Convoca.pe intentó comunicarse con el ingeniero peruano para obtener una versión de su participación en los casos de corrupción en Angola, Brasil, México y Perú pero no fue posible localizarlo. Chumán registra su última salida del país el pasado 6 de enero, según registros migratorios, dos semanas después que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara los sobornos millonarios en 12 países, confesados por sus colegas y directivos de Odebrecht.