Interoceánica Sur: El tránsito de graves problemas
La carretera Interoceánica Sur debe conectar Perú, Brasil y Bolivia y promover el desarrollo de la Región Macrosur. En el 2003, se hizo el estudio de factibilidad, en el cual, luego se determinó —en la comisión investigadora que presidió el congresista Isaac Serna— que se habían inventado y sobredimensionado los beneficios económicos para justificar las inversiones del proyecto, el cual se estimó en ese momento, en aproximadamente, 800 millones de dólares.
En el 2004, mediante la Ley 28214, se dio tratamiento excepcional al proyecto. En el 2005, se adjudicó la buena pro para los tramos 2, 3 y 4, a pesar de las observaciones de la Contraloría General, sin contar con estudio de impacto ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Las empresas ganadoras de las licitaciones fueron: Tramos 2 y 3: Consorcio CONIRSA (formada por Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas) y el Tramo 4: Consorcio INTERSUR (Andrade Gutiérrez, Camargo Correa S.A. y Cía. Queiroz Galvão S.A)
La explotación empezó al año de haberse terminado de construir la obra. El Estado debe pagar los gastos de mantenimiento y operación. Los montos calculados para Pago por Obra (PAO) por el Ministerio de Transportes, son 250 millones de soles más que lo calculado inicialmente.
Con las adendas posteriores y los gastos adicionales, en 2008, el costo del Tramo 2 ya era 48,85% mayor que el presupuesto referencial; el Tramo 3, 16,26% mayor y el Tramo 4, 32,78% mayor; representando un gran sobrecosto en perjuicio del Estado.
Ahora se conoce que Odebrecht habría pagado al menos 20 millones de dólares en sobornos al expresidente Alejandro Toledo por la adjudicación de la Interoceánica Sur, de acuerdo con las pesquisas que realiza el Ministerio Público.