Salvataje financiero
Banco de la Industria de la Construcción (BIC)
En 1982, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) declaró en falencia económica y financiera al Banco de la Industria de la Construcción (BIC), perteneciente al Grupo Vulcano (del empresario Luis León Rupp), disponiendo su intervención y posterior liquidación.
La situación de falencia del banco había sido ocasionada por los créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas.
A raíz de eso, el Banco Central de Reserva (BCRP) dispuso el aporte de capital, por un monto de 75 millones 153 mil 800 dólares, al igual que en la Financiera Andina (FINANSA), del mismo grupo empresarial, por una suma aproximada de 1 millón 947 mil 119 dólares; con lo cual se constituía como el único acreedor, por lo que el proceso de liquidación de los activos de la entidad bancaria debieron destinarse a cancelar el referido aporte.
Sin embargo, posteriormente, el BCRP tuvo que realizar un nuevo aporte de 16 millones 096 mil 232 dólares al BIC y de 3 millones 995 mil 753 dólares a FINANSA.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados estableció en 1987 que la falta de control público había permitido que el Grupo Vulcano realizara operaciones especulativas con los fondos aportados por el Estado peruano.
Además, las empresas deudoras del BIC no habían devuelto los créditos otorgados por éste, y más bien, los banqueros reclamaban ante el Poder Judicial asumir la conducción del proceso de liquidación, aduciendo su calidad de accionistas.
Fuente: Informe de la Comisión Parlamentaria Investigadora de los Remates y la Liquidación de los activos del BIC y BANCOPER
CASO: INVESTIGACIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DEL BIC Y BANCOPER (1988)
Banco Latino y Banco Wiese
En 1999, el régimen de Alberto Fujimori implementó un esquema de “salvataje bancario” que significó el uso de más de 2 mil millones de soles de fondos públicos en beneficio de los bancos Latino y Wiese.
La situación de crisis a la que llegaron ambos bancos, de acuerdo con los hallazgos de los parlamentarios, se habría generado por mala gestión financiera y el otorgamiento de préstamos sin garantía ni control a empresas del grupo empresarial propietario de los mismos bancos. Sobre esto, entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) detectó los problemas desde 1996, pero no se tomaron medidas para corregirlos.
Las normas emitidas por el régimen de Fujimori, durante el año 1999, y las acciones del gobierno, permitieron que COFIDE o el Banco de la Nación adquieran acciones, inyecten dinero o avales préstamos que tuvieron que ser, posteriormente, asumidos íntegramente por el Estado peruano. Las comisiones parlamentarias concluyeron que el Banco Latino obtuvo 402 millones de dólares (equivalentes a mil 360 millones 368 mil nuevos soles) mientras que el Wiese obtuvo 250 millones 333 mil 075 dólares (equivalente a 847 mil 127 millones 125 mil 800 nuevos soles).
Al momento en que el gobierno peruano aprobó las operaciones de salvataje bancario, la remuneración mínima vital (RMV) mensual era de solo 345 nuevos soles, cifra establecida en 1997 y que no fue modificada hasta el año 2000. Con el dinero utilizado en el salvataje bancario se hubiera podido cubrir la RMV de más de 533 millones de personas durante un año.
Fuente:
Informe CIDEF – Banco Latino. Informe de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990 – 2000. Salvataje del Banco Latino.
Informe CIDEF – Banco Wiese. Informe de la Comisión Investigadora Especial encargada de implementar las recomendaciones de las cinco comisiones investigadoras 2001 – 2002