A pocos meses de iniciarse el gobierno de Ollanta Humala, el segundo vicepresidente de la República y congresista, Omar Chehade, fue acusado de promover una reunión con los oficiales generales de la Policía Nacional del Perú Guillermo Arteta, Raúl Salazar y Abel Gamarra, con el fin de coordinar la ejecución de un desalojo en la Empresa Agraria Andahuasi, favoreciendo el ingreso –con apoyo de la fuerza pública– a los representantes del grupo empresarial Wong, ante la oposición de los accionistas trabajadores y jubilados de la azucarera.
Para motivar el respaldo policial, prometió un estímulo económico a los policías que participarán en dicha intervención. Se trataba de “apurar” la solución para un caso cuya resolución en la vía judicial aún está pendiente.
Cuando esto se hizo público, fue acusado constitucionalmente por el delito de patrocinio ilegal e infracción al Art. 38º de la Constitución.
De hecho, su hermano Miguel Chehade y su amigo Miguel León Barandiarán, también participantes en la reunión promovida por el congresista, fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva, por parte del Poder Judicial.
En el caso del vicepresidente, la correlación política en el Parlamento le fue favorable y no fue acusado constitucionalmente ni desaforado como legislador. Pero, se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia de la República en medio de la indignación ciudadana.
Fuente: Informe Final de la Denuncia Constitucional N° 55 – 2011.
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